El excongresista y expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha sido condenado por la Corte Suprema del Perú a una pena privativa de libertad de ocho años y una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que Salaverry incurrió en los delitos de peculado doloso por apropiación para sí y para otros, al apropiarse indebidamente de fondos destinados a sus actividades de representación en la región de La Libertad durante los años 2017 y 2018. Estos fondos, que ascendían a más de S/10,000, fueron asignados por la Dirección General de Administración del Congreso para cubrir los gastos de dichas actividades.
La investigación reveló que Salaverry no llevó a cabo las actividades programadas en La Libertad y no restituyó los fondos correspondientes. La fiscalía solicitó una pena de ocho años de prisión, el pago de una multa de S/71,699.40 y una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos.
Durante la audiencia de adelanto de sentencia, se estableció que la condena no se ejecutaría hasta que quede firme, por lo que se impusieron diversas reglas de conducta a Salaverry mientras se resuelve el recurso de apelación. Estas incluyen la obligación de presentarse a la autoridad judicial el primer día de cada mes para el control biométrico, no ausentarse del lugar de residencia sin previa autorización y concurrir a las citaciones judiciales y fiscales bajo pena de revocación de la suspensión provisional de la condena. Además, se le ordenó pagar una indemnización de S/119,577.80 y 360 días multa por los dos delitos, equivalentes a S/71,699.40, a favor del Estado.
Esta sentencia resalta la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo adecuado de los recursos del Estado y la importancia de su rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Implicancias legales para el futuro de cualquier congresista que cometa el mismo delito.
Si otro congresista comete el mismo delito de peculado doloso, las implicancias legales serían graves y similares a las que enfrentó Salaverry. Las consecuencias inmediatas incluyen:
- Pena privativa de libertad:
- El congresista podría ser condenado a una pena de prisión que, dependiendo de la gravedad del caso, podría ser de entre 4 y 12 años, según el Código Penal.
- Si el delito fue cometido de manera continuada o si existen agravantes, la pena podría aumentar.
- Inhabilitación para ejercer cargos públicos:
- El Código Penal establece que, en casos de delitos contra la administración pública como el peculado, el condenado puede ser inhabilitado para ejercer cargos públicos por un tiempo determinado, que puede ser de hasta 5 años o más dependiendo del caso.
- Esta inhabilitación también afecta la posibilidad de ocupar puestos en el Congreso o en cualquier otra institución pública.
- Indemnización y multa:
- El condenado podría ser obligado a restituir el dinero malversado y a pagar una multa económica a favor del Estado, como ocurrió con Salaverry, quien debe indemnizar con S/119,577.80.
- Sentimiento de desconfianza pública:
- A nivel político, la condena por malversación de fondos y otros delitos relacionados con la corrupción puede tener un impacto significativo en la confianza pública en el sistema político, afectando la legitimidad del Congreso y la relación de los congresistas con sus electores.
- Proceso Judicial y Recursos de Apelación:
- El congresista tendría derecho a apelar la sentencia en instancias superiores, como lo hizo Salaverry. Durante este proceso, se pueden establecer medidas cautelares o suspensiones de ejecución de la pena, como la presentación mensual ante las autoridades judiciales, mientras el caso se resuelve.
- Precedente judicial:
- La condena de un congresista por peculado doloso crea un precedente judicial que puede servir de base para futuras sentencias contra otros funcionarios públicos que cometan el mismo tipo de delitos, lo cual refuerza la lucha contra la corrupción dentro del sistema político.
Impacto a largo plazo
Si un congresista comete un delito como el peculado doloso, el impacto puede extenderse más allá de la condena penal. Los efectos a largo plazo incluyen:
- Deslegitimación del cargo: Una condena por peculado puede poner en cuestión la ética y la moralidad del congresista, lo cual afectaría su capacidad para continuar siendo elegido y ocupar cargos políticos de alto nivel en el futuro.
- Pérdida de la confianza ciudadana: La condena por malversación de fondos puede llevar a una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, lo cual puede dificultar la reelección o cualquier otra futura aspiración política.
- Reformas en las políticas públicas: La condena podría incidir en una revisión de las normas y procedimientos internos del Congreso en relación con el manejo de fondos públicos, buscando evitar futuros casos similares.
Impacto en la carrera política de Salaverry
La condena de inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos representa una barrera significativa para la futura carrera política de Salaverry. Aunque podría apelar la sentencia, el impacto en su imagen pública es profundo, lo cual podría dificultar su eventual retorno a la política, incluso después de cumplir su pena. Este tipo de condenas genera un efecto disuasivo sobre otros políticos, ya que demuestra que la justicia puede actuar de manera firme ante casos de corrupción (Huerta, 2019).
Repercusiones en el sistema legislativo
Este caso también resalta la necesidad de reformas dentro del Congreso, como se ha señalado en varias ocasiones en el debate público. La condena de un expresidente del Congreso evidencia deficiencias en los sistemas de control interno dentro de la institución, lo que podría motivar la implementación de medidas más estrictas para garantizar una mejor fiscalización del uso de los recursos. En este contexto, la rendición de cuentas se vuelve una herramienta fundamental para evitar que casos de corrupción pasen desapercibidos (Berríos, 2022).
Contexto de corrupción en la política peruana
Finalmente, el caso de Salaverry es un ejemplo más de los problemas de corrupción estructural que afectan a muchas instituciones en Perú, particularmente al Congreso. Aunque esta condena es un paso positivo hacia la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción en el país requiere un enfoque más profundo, que incluya reformas institucionales, la fortalecimiento del poder judicial y una mayor educación cívica en torno a la ética pública. Sin duda, casos como el de Salaverry sirven para visibilizar la necesidad de un cambio en las prácticas políticas y de gestión pública.
