El 7 de diciembre de 2024, se cumplen dos años del intento de golpe de Estado protagonizado por Pedro Castillo, el expresidente de Perú, quien en su calidad de líder del partido político de izquierda Perú Libre, desafió el orden constitucional y desató una de las crisis políticas más graves de la historia reciente del país.
El mensaje a la nación: el quiebre del orden constitucional
El 7 de diciembre de 2022, alrededor del mediodía, Pedro Castillo, en un mensaje a la nación, sorprendió a todos los peruanos al anunciar la disolución del Congreso de la República, la reorganización de las instituciones clave del sistema judicial como el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, y la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para llevar a cabo su plan. En sus palabras, Castillo intentaba justificar este accionar como una medida para resolver la “crisis política” y ofrecer un “nuevo rumbo” para el país, aunque en la práctica su decisión constituía una flagrante violación de la Constitución.
Además, durante su mensaje, el entonces presidente ordenó la detención de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, una de las principales figuras de la lucha contra la corrupción, que en ese momento investigaba a su gobierno. Este acto no solo fue un intento de socavar la independencia del Poder Judicial, sino también una clara manifestación de su voluntad autoritaria y su desprecio por el sistema democrático.
La respuesta institucional: la defensa del Estado de Derecho.
El anuncio de Castillo fue rápidamente rechazado por todas las instituciones democráticas del país. El Congreso, convocado en sesión especial, votó por su destitución con 102 votos a favor, incluidos los de su propia bancada, Perú Libre, que reconoció la gravedad de la situación y la necesidad de preservar el orden constitucional. El Congreso lo acusó de violar el artículo 117 de la Constitución, que establece las condiciones bajo las cuales el presidente puede disolver el Congreso, condiciones que Castillo no cumplió.
De igual forma, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se pronunciaron en defensa del Estado de Derecho, reafirmando su lealtad a la Constitución y a las instituciones democráticas. En lugar de respaldar al presidente en su intento de golpe, expresaron su compromiso con la estabilidad y el respeto a la voluntad popular, desmarcándose de cualquier accionar que pudiera sumergir al país en una dictadura.
El Poder Judicial también se sumó al rechazo, subrayando que el intento de Castillo de tomar el control de las instituciones representaba una ruptura del orden constitucional y una amenaza a la democracia.
La destitución y la crisis política
El golpe de Estado de Pedro Castillo no solo terminó con su destitución, sino que desató una serie de movilizaciones sociales y políticas que sacudieron al país. La vice-presidenta Dina Boluarte asumió la presidencia en medio de una tensa atmósfera, con sectores de la población que cuestionaban su legitimidad, debido a la naturaleza abrupta de la sucesión.
Este episodio de quiebre democrático dejó al descubierto la profunda polarización política y social que atraviesa el Perú. Si bien la reacción inmediata de las instituciones del Estado fue la de restaurar el orden constitucional, el contexto de crisis no desapareció con la destitución de Castillo. La fragmentación política entre el Ejecutivo y el Legislativo persiste, y la falta de acuerdos y consensos ha generado inestabilidad a nivel nacional.
Lecciones pendientes y los desafíos del futuro
A dos años del intento de golpe de Estado, el Perú sigue enfrentando los efectos de aquella crisis. Aunque el país logró evitar la instauración de un régimen autoritario en ese momento, el riesgo de caer en gobiernos populistas o dictatoriales sigue latente. El caso de Pedro Castillo es una advertencia sobre la fragilidad de las instituciones democráticas y la importancia de afianzar el respeto por la Constitución y el Estado de Derecho.
La división política sigue siendo uno de los principales obstáculos para la gobernabilidad. La falta de diálogo entre las distintas fuerzas políticas, los intentos constantes de socavar al adversario, y la inestabilidad en las instituciones generan un ambiente propenso a la confrontación y a la desconfianza generalizada de la ciudadanía.
El reto para Perú sigue siendo fortalecer sus instituciones democráticas, garantizar la independencia de los poderes del Estado y promover un clima de consenso político que permita superar las profundas divisiones que afectan al país. Solo así será posible evitar que situaciones como las vividas en diciembre de 2022 se repitan en el futuro.
Un llamado a la reflexión
Hoy, dos años después, es imprescindible reflexionar sobre las lecciones que ha dejado este capítulo de la historia política peruana. Si bien la destitución de Castillo fue una victoria para la democracia, el país sigue enfrentando desafíos profundos: la crisis de confianza en las instituciones, el peligro de la polarización extrema y la tentación de algunos actores políticos de buscar soluciones autoritarias ante la falta de acuerdos.
La democracia peruana debe ser vista como un sistema que, aunque imperfecto, debe ser defendido y fortalecido. El futuro del país dependerá de la capacidad de sus ciudadanos y dirigentes para aprender de la historia, poner al país por encima de los intereses partidarios y asegurar que nunca más se repita un intento de socavar el orden democrático.
En definitiva, este aniversario debe servir como un recordatorio de que la democracia en Perú no está garantizada, y que el compromiso con el respeto al Estado de Derecho, la Constitución y las instituciones democráticas debe ser el pilar fundamental para avanzar hacia un futuro más estable y justo para todos los peruanos.
Lic. Percy Salinas Tumbaco
Directo Periodistico.
Vemax TV
