La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) alertó de que “la desbordada criminalidad” en el país viene golpeando gravemente a las microfinancieras constituidas por cajas municipales y rurales, financieras y entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa (edpymes).
El titular del gremio, Jorge Solís, denunció que se han reportado casos de extorsión y amenazas dirigidas no solo a los comercios, sino también a sus analistas de crédito, especialmente en las zonas periféricas de la capital, con más incidencia en Lima norte.
“San Martín es un distrito donde las bandas criminales y la banca paralela informal controlan el mercado financiero.(…) Hemos llegado a momentos insospechados en los que los delincuentes manejan un control de territorialidad. La mayor responsabilidad la tiene el Gobierno”, acusó Solis.
De acuerdo con la FEPCMAC, se han registrado casos de extorsión y amenazas dirigidas tanto a comerciantes como a analistas de crédito, quienes desempeñan un papel fundamental en la evaluación y otorgamiento de préstamos para las Mypes. Estas actividades delictivas están generando un clima de inseguridad que podría limitar el acceso al crédito para miles de emprendedores, afectando directamente el desarrollo económico y social del país.
IMPACTO NEGATIVO EN LAS MYPES
La delincuencia no solo afecta la seguridad física de las personas involucradas en el sistema de microfinanzas, sino que también tiene un impacto directo en la confianza de los usuarios y en la capacidad de las Cajas Municipales para operar de manera eficiente. Según reportó la FEPCMAC, las amenazas y extorsiones dirigidas a los analistas de crédito están dificultando la evaluación de los préstamos, lo que podría limitar el acceso al financiamiento para los pequeños empresarios.
Este escenario plantea un desafío significativo para el sistema financiero peruano, que ha dependido en gran medida de las Cajas Municipales para promover la inclusión financiera en las zonas más vulnerables del país. La falta de seguridad podría llevar a una disminución en la cantidad de créditos otorgados, afectando no solo a los emprendedores, sino también a las comunidades que dependen de las Mypes para su desarrollo económico.
Jorge Solís indicó a La República que la tasa de morosidad se ha incrementado 2% en el 2024, lo que implica “una menor capacidad de pago; es decir, muchos negocios no pueden honrar sus deudas”.
“Estamos redoblando nuestra vigilancia de agencias, la gente va con dinero, pero también los asesores de las cajas van a buscar al cliente en el campo, porque el 80% de ellos son informales”, indicó.
Las empresas que tienen mayor liquidez, lo que excluye a mypes, han invertido S/6.000 millones en seguridad.
